El estudio encontró que en los cuatro casos existió escasa claridad en la definición y comunicación de los objetivos de política. En Chile, un alto funcionario señaló que el enfoque de SIDRA se limitó a la “computarización”, sin objetivos ambiciosos vinculados a resultados en salud, mientras que otro funcionario de nivel medio indicó que la estrategia partió de la lógica de cómo registrar datos, sin considerar cómo esto mejoraría los procesos. Un funcionario crítico añadió que el sistema no puso al paciente en el centro, sino al hospital, como mecanismo de control de gestión.

En México, aunque el objetivo formal de SINBA era garantizar información de calidad a menor costo de producción, los objetivos de la política fueron comunicados de forma deficiente, generando interpretaciones divergentes entre los actores involucrados; un funcionario describió que el sistema no ofrecía beneficio directo para el usuario, por tratarse de un sistema de registro de datos. En Uruguay, el objetivo formal de Mi HCD era garantizar el derecho ciudadano de acceso a la propia información clínica, pero la falta de una estrategia de comunicación hacia el usuario final hizo que la información permaneciera en el nivel de las autoridades. En cambio, en Argentina el objetivo de la ENSD estuvo explícitamente vinculado a la meta nacional de cobertura universal de salud, y la creación previa de una mesa de trabajo en salud digital permitió, según un funcionario, avanzar hacia la estandarización de procesos dentro del sistema de salud.

Cabe destacar que las carencias de infraestructura básica, como conectividad, equipamiento y capacidad de red, representaron una barrera evidente en Argentina, México y Chile. En México, muchas unidades no pudieron adoptar el sistema porque sus computadoras carecían de la capacidad para abrirlo, lo que llevó a los usuarios a percibirlo como una carga administrativa adicional. En Argentina, la conectividad en zonas rurales fue identificada como una de las áreas más críticas, incluso por encima de la falta de expedientes clínicos electrónicos. En Chile, la implementación temprana se vio afectada porque los hospitales carecían de equipos, puntos de red o incluso de tomas de corriente.

El estudio también documentó riesgos técnicos más complejos, como decisiones tempranas sobre estándares y arquitecturas que generan dependencias difíciles de revertir. En Chile, el uso de clasificaciones estadísticas para el registro de diagnósticos médicos fue calificado como un gran error por un funcionario, condición difícil de modificar debido a intereses comerciales ya consolidados. En Uruguay, el equilibrio entre seguridad digital y usabilidad no logró resolverse: los altos estándares de seguridad exigían a los usuarios contar con un dispositivo adicional para validar su identidad, lo que llevó a un informante a cuestionar de qué sirve tener algo tan seguro si nadie puede usarlo.

En materia financiera, con excepción de Chile, los cuatro países reportaron carencias importantes de fondos. En Argentina, un funcionario señaló que la mayoría de los recursos que impulsaron la estrategia provinieron de préstamos internacionales, insuficientes para financiar la implementación a nivel provincial. En México, la responsabilidad de invertir en infraestructura recayó en los estados, y muchas entidades no cumplieron por falta de presupuesto asignado. Chile representó el caso excepcional de financiamiento adecuado, aunque enfrentó rigidez presupuestaria, un facilitador de implementación explicó que SIDRA llegó únicamente con una partida presupuestaria para la compra de servicios, lo que dejó al equipo sin margen para contratar personal especializado pese a contar con recursos para equipamiento. En Argentina, la afiliación a la organización internacional de estándares SNOMED International implicó, según un funcionario, un trámite administrativo significativo para poder pagar como Ministerio de Salud.

El estudio identificó que la usabilidad de las herramientas digitales para el personal de primera línea determinó en gran medida el nivel de involucramiento con la implementación. Un funcionario argentino resumió la tensión de forma directa al señalar que normalmente la implementación de tecnología simplifica la vida del usuario, salvo en salud, donde suele complicarla. Más allá de la usabilidad, las políticas plantearon cuestiones de autonomía profesional, por ejemplo, en Chile, el gremio médico expresó su oposición argumentando que estar frente a una pantalla implica dejar de mirar al paciente, mientras que en Argentina el personal de atención primaria percibió la reserva de citas en línea como una amenaza a su autonomía profesional, al volver transparentes acuerdos informales de agenda antes sujetos a menor supervisión institucional.

El estudio también documentó una brecha generacional consistente en los cuatro países, en la que el personal de salud de mayor edad mostró más resistencia a las herramientas digitales, mientras que el personal más joven las adoptó con mayor facilidad, un patrón descrito en Chile como el contraste entre quienes nacieron con un control de videojuegos en la mano y quienes no saben encender una computadora.

En el plano político, el riesgo asociado a los ciclos electorales fue una preocupación compartida en los cuatro países, aunque las estrategias para gestionarlo produjeron resultados distintos. Uruguay ofreció el ejemplo más exitoso, al anclar su iniciativa dentro de la agenda nacional de transformación digital gestionada por AGESIC, lo que sirvió, según un funcionario, como puente entre una administración y otra para evitar que todo cambiara. Argentina, por su estructura federal, tuvo que negociar la implementación con gobiernos subnacionales autónomos, un proceso que un funcionario describió como una combinación de incentivos y persuasión. En Chile, la centralización del apoyo político excluyó la participación de los niveles regional y operativo, lo que generó, según un funcionario, falta de continuidad entre administraciones. En México, la política dependió inicialmente de la oficina presidencial de transformación digital, y cuando ese actor perdió poder político, según relató un funcionario, la oficina colapsó y todo se vino abajo.

El estudio destacó el papel de los equipos de implementación como factor habilitador clave. Argentina incorporó a estudiantes de medicina como implementadores de primera línea, por hablar el mismo lenguaje que los médicos en ejercicio, lo que les permitió ser recibidos de una manera distinta según describió un funcionario. En Chile, SIDRA comenzó como una iniciativa impulsada por especialistas informáticos sin presencia de personal clínico en el equipo, una ausencia que generó decisiones de diseño que ignoraron los flujos de trabajo clínicos y que debió corregirse posteriormente mediante la incorporación gradual de profesionales con formación clínica que actuaran como intérpretes.

En Uruguay, un funcionario reflexionó que no basta con que los ingenieros resuelvan las cosas solos, porque los proyectos de salud digital son, en el fondo, proyectos de salud para las personas. En México, los implementadores subrayaron la importancia de una estrategia de mercadeo para comunicar el valor de la solución, señalando que hay que saber vender la solución y sus beneficios. Un miembro del equipo argentino relató que la reacción típica de los usuarios era preguntar si de verdad iba a suceder y cuándo iba a funcionar, lo que refleja la dificultad de sostener el compromiso de los actores cuando los beneficios de la transformación digital permanecen abstractos y distantes. 

El estudio concluye que ningún factor por sí solo explica el éxito o el fracaso de la implementación de estas políticas, y que la interacción entre las dimensiones técnica, política, cultural, organizacional y financiera resulta tan relevante como cualquier factor individual. Los autores señalan que la región enfrenta un desafío estructural, dado que la mitad de los países de Latinoamérica carece de agendas digitales nacionales y aproximadamente 60% carece de estrategias de ciberseguridad. También advierten que solo 30% de los adultos en la región posee habilidades digitales básicas, frente a cerca de 80% en países de altos ingresos.

Entre las limitaciones reconocidas por el equipo de investigación se encuentra que el análisis se basó en entrevistas cualitativas y documentos de política cuya disponibilidad varió entre países, que los cuatro casos no representan la totalidad de las experiencias de salud digital en la región, y que las perspectivas recogidas reflejaron principalmente a los actores directamente involucrados en la implementación, con una representación limitada de usuarios finales y personal de primera línea.